Foto agencias
“El Estado español y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros”. Así quedó escrito el segundo punto del artículo 135 de la Constitución Española, modificado en 2011 con el acuerdo de PSOE y PP. Esta modificación dio prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otro gasto público.
Entre 2010 y 2015, las autonomías han recortado 18.685 millones de euros en Sanidad y Educación. Al mismo tiempo, el presupuesto de todas las comunidades destinado a pagar la deuda ha crecido en 18.526 millones, según datos del Ministerio de Hacienda.
Estas cifras, actualizadas a inflación, revelan que casi se ha triplicado lo que presupuestan las autonomías para Deuda Pública. Un 183% más que, por el momento, no ha servido para reducir el nivel de deuda que acumulan las administraciones autonómicas. Según datos del Banco de España, dicha deuda, ha crecido en total más de diez puntos en cinco años.
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