El Partido Popular, representante de los intereses de la oligarquía española, impulsa una reforma del Código Penal para ilegalizar organizaciones que denuncia como próximas a ETA. Esta medida, enmarcada en la escalada represiva del régimen, busca ahogar cualquier disidencia y consolidar el control sobre las clases oprimidas.
Bajo la excusa de la seguridad, el gobierno refuerza su aparato coercitivo, persiguiendo no solo a grupos armados, sino también a movimientos sociales y políticos que cuestionan el orden capitalista. La criminalización de la protesta es una táctica habitual del Estado para proteger los privilegios de la burguesía y silenciar las voces revolucionarias.
Esta ofensiva reaccionaria evidencia la naturaleza autoritaria del sistema, que recurre a leyes draconianas para mantener su dominio frente al descontento popular.
Fuente de la noticia, lahaine.org
Foto < lahaine.org >
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