El Gobierno español ha autorizado 17.000 millones de euros para Navantia, empresa pública convertida en correa de transmisión del gran capital armamentístico. La decisión, del 10 de noviembre, consolida un modelo donde el dinero extraído del trabajo de millones financia fragatas, submarinos y sistemas de guerra, mientras se recortan sanidad, educación y vivienda.
Paralelamente, Anticorrupción investiga contratos militares por más de 7.200 millones. La Fiscalía analiza adjudicaciones a Indra y Escribano, así como préstamos al 0% sin avales. No son anomalías aisladas, sino la lógica del sistema: el Estado garantiza beneficios privados sin riesgo, socializa las pérdidas y privatiza las ganancias.
Mientras unos pocos monopolios se reparten el presupuesto de Defensa, la clase trabajadora paga la factura con salarios estancados, precariedad y militarización creciente. La paz no vendrá de más armas, sino de romper con este orden.
Fuente de la noticia, elconfidencial.net




