La noticia evidencia que la denominada "Ley Mordaza" ha recaudado más de 1.674 millones de euros mediante 2,7 millones de sanciones desde 2015. El 77% de estas multas se impusieron bajo gobiernos autodenominados progresistas que prometieron derogarla, lo que demuestra la contradicción entre el discurso reformista y la práctica represiva del Estado.
Desde una perspectiva materialista, el aparato estatal no cambia de naturaleza por la alternancia de administraciones: sigue defendiendo los intereses de la clase dominante mediante la coerción. La cifra real es mayor, pues no incluye las sanciones autonómicas de Catalunya, Euskadi y Navarra, lo que eleva el alcance represivo.
Solo en la última legislatura se impusieron 897.691 sanciones por 557,2 millones de euros. Esto confirma que la emancipación no se logra confiando en el reformismo institucional, sino mediante la organización y movilización popular consciente contra el aparato coercitivo del capital.
Fuente de la noticia, Agencias




