Álava se confirma como el territorio con mayor densidad policial del entorno norte, con 7,58 agentes por cada 1.000 habitantes y un contingente real de 2.592 efectivos, muy por encima de Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y la media estatal.
Esta hipertrofia del aparato coercitivo no responde a necesidades de seguridad ciudadana, sino a la lógica del Estado burgués, que refuerza sus instrumentos de control allí donde necesita asegurar el orden de la propiedad y la acumulación capitalista. Con casi el 70% de la población concentrada en Vitoria-Gasteiz, sede del aparato político-administrativo vasco, el despliegue garantiza la protección del poder institucional frente a la clase trabajadora.
El aumento policial, mientras crecen las desigualdades materiales, evidencia que la prioridad no es resolver las causas estructurales de la delincuencia, ligadas a la explotación y la precariedad, sino contenerlas mediante la fuerza.
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