El juicio contra el catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá por mencionar en su libro el papel de Antonio Luis Baena Tocón en la condena del poeta Miguel Hernández evidencia la persistencia de la censura y las trabas legales para investigar la represión franquista. La demanda, impulsada por el hijo del alférez, no solo atenta contra la libertad de cátedra, sino que es parte de una ofensiva más amplia contra la divulgación histórica.
El fallo judicial que obliga a Ríos Carratalá a pagar 10.000 euros y rectificar sus publicaciones representa un intento de blanquear la dictadura, protegiendo la memoria de quienes colaboraron con el régimen.
La condena a Miguel Hernández fue un crimen político, y reprimir su estudio es una estrategia burguesa para perpetuar la impunidad del franquismo. Esta persecución legal refuerza la necesidad de luchar por una verdadera justicia histórica.
Fuente de la noticia: presos.org.es
Foto < archivo >
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