Olga, de 54 años, trabajadora y vecina de Santa Eulàlia durante más de 20 años, se ha quitado la vida el 7 de septiembre, cuatro meses después de ser desahuciada del piso donde crió a sus dos hijas.
Su vivienda, en el número 16 de la calle Comerç, fue adquirida por un fondo buitre que la expulsó en abril para maximizar su renta. No es un hecho aislado, es la lógica del sistema: convertir un derecho básico como la vivienda en mercancía y fuente de lucro para una minoría parasitaria que se apropia del trabajo ajeno.
Su muerte era evitable. Vecinos y el Sindicat d’Habitatge denuncian que la administración, al servicio de esos intereses, no garantizó una alternativa habitacional. El Estado burgués protege la propiedad privada del capital, no la vida de la clase trabajadora. Olga es víctima de la violencia estructural del capitalismo.
Fuente de la noticia, insurgente.org

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