Las diferentes administraciones españolas destinan cada año entre 7.700 y 8.300 millones de euros a la enseñanza concertada, el 11-12% de todo el gasto público en educación. Es la socialización de los costes y la privatización del beneficio: el erario de los trabajadores paga los salarios de un profesorado que no selecciona el Estado, sino que nombra a dedo la dirección empresarial, en su mayoría órdenes religiosas, para garantizar el control ideológico de las aulas.
Se sustrae así a la clase trabajadora recursos que deberían fortalecer la escuela pública, única garante de igualdad, y se entregan a la empresa privada para reproducir la división de clases y la hegemonía clerical.
Este expolio fue institucionalizado por el Gobierno de Felipe González mediante la LODE de 1985, firmada por su ministro José María Maravall, que consolidó la alianza entre socialdemocracia y burguesía.
Fuente de la noticia, insurgente.org
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