Una mujer de 63 años, Montse, falleció tras ser expulsada de su vivienda por una administración que actuó sin orden judicial y al servicio de los intereses inmobiliarios. Desalojada de un inmueble de la Sareb intervenido por el ayuntamiento, fue abandonada en la calle junto a otras ocho personas, sin alternativa habitacional ni seguimiento social.
Encontrada hipotérmica y desnutrida, murió días después, evidenciando cómo la pobreza no es una fatalidad, sino el resultado de decisiones políticas que priorizan el control y el gasto represivo frente a la protección colectiva.
El caso revela una gestión municipal que reproduce desigualdad, castiga a los más débiles y normaliza la muerte evitable como coste del orden vigente, pese a antecedentes similares y a un raquítico presupuesto social en un municipio con graves carencias de servicios públicos básicos.
Fuente de la noticia, insurgente. org
Foto < alacontra radio >
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