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El
Tribunal Supremo de España, ha declarado este jueves nulo el
cese del personal interino al considerar “abusiva” la utilización
de contratos de duración determinada, y reconoce su derecho a
mantenerse en sus puestos, percibiendo las retribuciones no abonadas
mientras la Administración incumpla la normativa.
En dos sentencias, la sala de lo Contencioso-Administrativo, aunque descarta convertirlos de forma automática en indefinidos no fijos, reconoce el derecho de los afectados por estos nombramientos temporales, que según fuentes jurídicas podrían ser miles, a una indemnización, que dependerá de las peculiaridades de cada caso, siempre que así la soliciten y acrediten el perjuicio.
A efectos prácticos, la nulidad comporta que los trabajadores continúen en sus puestos con sus consiguientes derechos profesionales y económicos inherentes desde el momento del cese “ilegal”.
Sin embargo, el Alto Tribunal, que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aclara que esta situación no hace al interino “personal indefinido no fijo”, figura nacida a finales de la década de los noventa para salir al paso de los fraudes cometidos por el sector público en las contrataciones temporales.
Es una información de www.elcomunista.net
En dos sentencias, la sala de lo Contencioso-Administrativo, aunque descarta convertirlos de forma automática en indefinidos no fijos, reconoce el derecho de los afectados por estos nombramientos temporales, que según fuentes jurídicas podrían ser miles, a una indemnización, que dependerá de las peculiaridades de cada caso, siempre que así la soliciten y acrediten el perjuicio.
A efectos prácticos, la nulidad comporta que los trabajadores continúen en sus puestos con sus consiguientes derechos profesionales y económicos inherentes desde el momento del cese “ilegal”.
Sin embargo, el Alto Tribunal, que aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aclara que esta situación no hace al interino “personal indefinido no fijo”, figura nacida a finales de la década de los noventa para salir al paso de los fraudes cometidos por el sector público en las contrataciones temporales.
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