Desde 2020, más de 150 personas han sido asesinadas a manos de cuerpos represivos como la Policía y la Guardia Civil, evidenciando el carácter coercitivo del aparato estatal en defensa del orden establecido. Estos hechos no pueden entenderse como casos aislados, sino como expresión de una dinámica sistemática donde la violencia institucional actúa como herramienta de control social frente a sectores vulnerables y disidentes.La impunidad, reforzada por marcos legales y el silencio mediático, consolida una estructura donde los responsables rara vez enfrentan consecuencias.
Mientras tanto, las víctimas pertenecen mayoritariamente a clases trabajadoras, migrantes o colectivos marginados, lo que revela un patrón de dominación y exclusión. Este escenario confirma que los mecanismos represivos no son anomalías, sino pilares funcionales en la preservación de las relaciones de poder vigentes, donde la seguridad se impone sobre los derechos y la justicia queda subordinada a intereses superiores.
Fuente de la noticia, mpr21.info
Foto < mpr21.info >
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