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La Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, presionan para imponer en Grecia un nuevo paquete de medidas que atentan contra los intereses de la clase trabajadora.
En un documento publicado por los medios locales y que se extiende durante un total de 21 páginas, los acreedores de Grecia desgranan las exigencias al Gobierno heleno a cambio de abonar el siguiente tramo del rescate, entre ellas la bajada del salario mínimo en 2017 hasta los 586 euros, mayores restricciones del derecho a huelga y la limitación de las primas por antigüedad.
La fijación de este suelo salarial, dice el documento, sería decretada por el Gobierno del primer ministro Alexis Tsipras y en su decisión los sindicatos no podrían negociar sino que tendrían un mero papel consultivo.
Los acreedores también piden a Grecia la eliminación de las pagas extra para los nuevos contratados y que se suprima definitivamente la negociación colectiva sectorial, es decir, que las condiciones de trabajo se negocien dentro de cada empresa.
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