
El respaldo del gobierno español a la iniciativa europea denominada «Controlchat» representa un paso alarmante hacia la vigilancia total de las comunicaciones digitales. Bajo el pretexto de la seguridad, se pretende inspeccionar mensajes privados, fotos y conversaciones cifradas, vulnerando derechos básicos conquistados por el pueblo a lo largo de décadas de lucha. Este mecanismo no sólo debilita el cifrado que protege la información personal y laboral de millones de trabajadores, sino que abre la puerta al control absoluto por parte de los grandes intereses económicos y estatales.
La justificación tecnológica encubre un proyecto de sometimiento social, donde la vida privada se convierte en objeto de supervisión constante. Los derechos a la privacidad y a la protección de datos, pilares de las libertades populares, se ven amenazados por esta medida impulsada por doce países de la Unión Europea.
Fuente de la noticia, agencias.
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