Foto www.insurgente.org
El
decreto ley «contra la república digital
catalana», como lo presentó el
presidente en funciones Pedro Sánchez
en las vísperas electorales, en
realidad no menciona a Catalunya, pero sí otorga mucha más
capacidad al Estado para intervenir internet y los servicios de
telefonía por motivos de “orden público” o de “problemas
económicos”, a criterio del gobierno de turno y sin que sea
necesaria ninguna orden judicial.
Detrás
del «adoptar
medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de
administración digital, contratación del sector público y
telecomunicaciones»,
como reza el mismo, se esconde
la
concesión de
un poder desmedido al Ejecutivo en materia de control digital y de
las telecomunicaciones.
El
texto habla de censurar el acceso a Internet y “a
cualquier nivel”, lo cual implica, dentro de la compleja red de
redes que es internet, que se pueda intervenir granular, quirúrgica
y selectivamente. Por ejemplo, cortando durante unas horas el acceso
a datos móviles y cobertura en el área geográfica por donde
transcurre una manifestación.
Aviso
a navegantes el decreto se aprobó con el apoyo de Unidas Podemos.
Es
una información de varias agencias
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