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“Si viene Podemos y me pide que firme el indulto [de Andrés Bódalo], seguramente no lo firmaré porque es la única forma de ser coherente con mi profesión”. Estas declaraciones, no son ni del portavoz socialista Antonio Hernando, ni de la popular Soraya Sáenz de Santamaría. Son, ni más ni menos, que del diputado de Podemos en las Cortes, Juan Pedro Yllanes, juez en excedencia.
Pero este juez en excedencia, que ha sido muy rápido en juzgar a Bódalo no ha sido el único desacertado de los miembros de Podemos en el Congreso.
La ex juez de la formación morada, Victoria Rosell, también ha salido en contra del indulto de Bódalo. Según recoge un diario de tirada nacional, , Rosell ha calificado este tipo de peticiones como “intromisiones del Ejecutivo en el Poder Judicial”. A pesar de reconocer que no ha leído la sentencia, ha dicho que en ningún caso ve justificado el uso de la violencia en una protesta.
Las groseras declaraciones de estos dos parlamentarios de Podemos no son excepcionales y tampoco se infieren de una particular visión de un hecho concreto, sino que como ellos mismos admiten, se desprenden de su fiel lealtad al aparato judicial del régimen del 78.
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